Luego de hecho público la aprobación, por el Concejo Municipal de Colón, de un cobro de 5.00 dólares a los pasajeros y tripulación de los cruceros que atraquen en el puerto atlántico, muchos sectores empresariales salieron a relucir y advertir las posibilidades de afectación al sector turismo, lo que generó una primera reunión entre los actores para analizar esta propuesta.
En ese sentido, la Alcaldía, el Concejo Municipal, el Gobierno nacional y el sector turístico se reunieron durante varias horas para discutir el tema. En la reunión el alcalde de Colón, Diógenes Galván, llegó presentó un argumento basado en algunos beneficios que ha obtenido la ciudad de Panamá, mencionando, por ejemplo, que la Cinta Costera de Panamá, con 76.1 hectáreas, recibió 33 millones de dólares del Gobierno Central en 2022 y cerca de 25 millones para este año, mientras que Colón, con 240 hectáreas de casco urbano y 119,400 en todo el distrito, no recibe un dólar de mantenimiento estatal.
Durante la reunión salió a relucir que el problema es que, la propuesta choca con un obstáculo legal concreto, el artículo 21 de la Ley 106 de 1973 prohíbe a los municipios cobrar por actividades que el Estado ya grava. Ese punto centró buena parte del debate, junto con el riesgo de que la tasa reste atractivo al puerto colonense frente a otros destinos de cruceros.
La administradora de la Autoridad de Turismo, Gloria De León Zubieta, planteó que la decisión final le corresponde al alcalde, pero advirtió que las navieras arman sus itinerarios con cerca de 18 meses de anticipación, así que cualquier recargo repercutiría en las escalas futuras y no en las de esta temporada, y que se podría afectar la sostenibilidad del destino.
El sector empresarial advierte que el cobro podría generar pérdidas millonarias de hasta por 10 millones de dólares y un “autoboicot” turístico.
Marcos Zárate, de la Cámara de Turismo de Colón, coincidió en que este tipo de encuentros es necesario para sopesar ventajas y riesgos antes de decidir, y evitar así una medida que termine costando más de lo que recauda. Con los elementos ya sobre la mesa, la palabra final queda en manos de Galván, quien escuchó los argumentos delas partes antes de decidir si sanciona o veta la propuesta aprobada por el Concejo Municipal.
