El Consejo de Gabinete autorizó al Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (AITSA) a iniciar el proceso de precalificación para seleccionar un operador especializado para los aeropuertos internacionales Enrique Malek, en David, y Scarlett Martínez, en Río Hato.
La autorización permite a AITSA avanzar con la primera fase del proceso para contratar la operación y mantenimiento de ambas terminales bajo un modelo que mantiene la propiedad de los aeropuertos en manos de AITSA. El contrato tendría un plazo base de 10 años. La propuesta contempla más de US$25 millones en inversiones iniciales destinadas a mejorar la capacidad operativa de los dos aeropuertos, además de más de US$5 millones en inversiones de reposición durante la vigencia del contrato. Ambas serían financiadas por AITSA.
El operador seleccionado tendría a su cargo la gestión técnica y operativa de las terminales y recibiría el 100% de los ingresos comerciales, además de una tarifa anual de operación y mantenimiento para cubrir el déficit operativo estimado. El modelo incluye también una remuneración por la ejecución de las inversiones y una participación equivalente al 30% de la tasa al pasajero correspondiente a las nuevas rutas que contribuya a desarrollar.
“Esta autorización nos permite abrir un proceso competitivo para buscar un operador con experiencia que pueda desarrollar ambos aeropuertos de acuerdo con el potencial de cada región. La propiedad seguirá siendo de AITSA y nuestro objetivo es mejorar la operación, desarrollar la actividad comercial y generar condiciones para atraer nuevas rutas”, señaló Jose Ruiz Blanco, gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A.
AITSA conservará la propiedad de los activos aeroportuarios y los ingresos regulados, con la excepción de la participación establecida para el tráfico de nuevas rutas. El operador no asumirá el riesgo de demanda de tráfico, de acuerdo con la distribución de responsabilidades prevista en el modelo.
Las competencias de control de tránsito aéreo y meteorología, Migración, Aduanas, controles fitosanitarios y seguridad y orden público continuarán bajo responsabilidad de las instituciones correspondientes y no formarán parte de las funciones del operador.
Con la autorización del Consejo de Gabinete se podrá iniciar la fase de precalificación, que evaluará la capacidad técnica, financiera y legal de los interesados. Posteriormente se desarrollará la solicitud de propuestas o RFP entre las empresas que resulten habilitadas. La propuesta económica se abrirá únicamente para los participantes que superen la evaluación técnica y la adjudicación se realizará al menor O&M Fee ofertado.
